05 Marzo 2020

Plena inclusión espera que la futura Ley de Educación garantice un sistema inclusivo por el bien de todo el alumnado

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Para Plena inclusión, este proyecto abre una nueva oportunidad de lograr una verdadera y efectiva transformación del sistema educativo que incluya a todo el alumnado y no deje a nadie atrás, tal y como afirma el posicionamiento de educación de esta organización.

El Consejo de Ministros aprobó el pasado 3 de marzo la remisión a las Cortes para su tramitación parlamentaria del proyecto de la nueva Ley de Educación, que previsiblemente sustituirá a la LOMCE de 2013.

Para Plena inclusión España, este proyecto legislativo abre una nueva oportunidad para lograr la generalización de la educación inclusiva en nuestro país. “Se trata de una oportunidad única que ninguno de los agentes clave en este ámbito: administraciones públicas, grupos políticos, sociedad civil organizada y comunidad educativa, debemos dejar pasar”, señala Santiago López, presidente de Plena inclusión.

La confederación que agrupa en España a 935 asociaciones de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias ha mostrado su voluntad de trabajar en el trámite parlamentario con los diferentes grupos políticos para proponer una serie de enmiendas que mejoren el proyecto y aseguren el establecimiento de una educación inclusiva real y efectiva que beneficie a todo el alumnado y construya una escuela y una sociedad más justa.

En 2017, Plena inclusión aprobó su ‘Posicionamiento por una educación inclusiva que no deje a nadie atrás’, un documento en el que reclamaba un Pacto por la Educación que impulsase acciones y políticas concretas para lograr un sistema educativo inclusivo basado en los valores de equidad y diversidad. Entre ellas se concretaban algunas fundamentales como “establecer un sistema de apoyos y ajustes razonables para todo el alumnado, formar y capacitar a docentes y equipos, o la transformación y adecuada dotación del sistema educativo”.

Tres años después, Plena inclusión confía en que esta reforma legislativa garantice una verdadera igualdad de oportunidades y los apoyos adecuados para los casi 80.000 alumnos y alumnas con discapacidad intelectual que actualmente están cursando sus estudios en centros ordinarios.

Como Estado firmante de la Convención de la ONU sobre derechos de las personas con discapacidad, España tiene un compromiso ineludible de cumplirla. Este tratado internacional, en su artículo 24 afirma que “los Estados Partes asegurarán un sistema de educación inclusivo a todos los niveles así como la enseñanza a lo largo de toda la vida”, lo que se traduce para esta norma en “que estas personas con discapacidad no queden excluidas del sistema general de educación […], puedan acceder a una educación primaria y secundaria inclusiva, de calidad y gratuita, en igualdad de condiciones con las demás […], dispongan de ajustes razonables y el apoyo necesario incluyendo medidas de apoyo personalizadas”.

Desde Plena inclusión se recuerda que una ley educativa ajustada al mandato de la Convención de la ONU también será consecuente con el Objetivo 4 de Desarrollo Sostenible, que marca el compromiso de “garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.

Fuente: Plena inclusión