02 Junio 2020

Plena inclusión lamenta que el IMV no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable

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- La Ley del Ingreso Mínimo Vital debería reconocer a estas personas como ‘unidad de convivencia especial’ y convertirse en incentivo para su acceso al empleo.

- Una de cada tres personas que está en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete puntos superior al resto de la población (según la Tasa Arope).

Tras el análisis del texto legislativo del Ingreso Mínimo Vital (IMV) aprobado por el Gobierno en la tarde del pasado viernes, Plena inclusión España lamenta que este mecanismo de protección social no tenga en cuenta a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como colectivo especialmente vulnerable. “Existe una relación directa entre discapacidad y pobreza por la que debería considerarse a este colectivo entre los especialmente vulnerables”, afirma Plena inclusión y lo sostiene con evidencias: una de cada tres personas en riesgo de pobreza y/o exclusión tiene alguna discapacidad, una cifra siete veces superior al resto de la población, de acuerdo a la Tasa Arope.

La confederación que agrupa a 935 asociaciones que atienden desde 4.000 centros y servicios a 140.000 personas con discapacidad intelectual o del desarrollo de todo el país, constata que la Ley de IMV no recoge las propuestas de las personas y las familias manifestadas por Plena inclusion al Gobierno de Pedro Sánchez que se documentan, por ejemplo, con el dato de que la privación material severa de las personas con discapacidad es un 3.4% superior a las de las personas sin discapacidad.

Plena inclusión había solicitado la consideración para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo como ‘unidad de convivencia’ independiente de su grupo familiar. Su presidente, Santiago López, remarca la relevancia de esta falta de reconocimiento: “Resulta fundamental que sean ‘unidad de convivencia especial’ porque de lo contrario su situación de pobreza quedaría enmascarada por la suma de los ingresos de sus familias. En la mayoría de los casos, la realidad de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo resulta invisible de cara a las ayudas”. Estas personas se ven obligadas a permanecer en el entorno familiar por falta de ingresos. “Y esa situación les condena a una dependencia perpetua de sus familias, algo que hemos transmitido al Gobierno en repetidas ocasiones”, sugiere López.

En las propuestas presentadas al Gobierno, tanto al Ministerio de Inclusión como al de Derechos Sociales y Agenda 2030, Plena inclusión solicitaba, en línea con la Plataforma CERMI, alguna medida que compensara los sobrecostes añadidos generados por la atención a una situación de discapacidad en la línea del “complemento de monoparentalidad“ que sí recoge la ley.

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