CERMI Andalucía reclama a la Junta de Andalucía mejorar de forma urgente la financiación de los 562 centros que atienden a más de 14.000 personas con discapacidad para garantizar su sostenibilidad ante el grave déficit que sufren actualmente y que hace imposible el mantenimiento de los servicios fundamentales que prestan a este colectivo.
El movimiento asociativo de la discapacidad en Andalucía reivindica para 2024 una subida del 10% del coste plaza en los centros concertados residenciales y de día, así como el incremento de las líneas de subvenciones que financian programas y mantenimiento de los centros sociales no concertados.
En la actualidad, las entidades de CERMI Andalucía gestionan 562 centros que atienden a más de 14.357 personas con discapacidad en Andalucía y en los que trabajan 13.836 profesionales, que con su labor permiten la prestación de este servicio público que es responsabilidad de las Administraciones al estar concertadas más del 93% de las plazas.
Este aumento en la financiación es imprescindible para sufragar los costes actuales que suponen el mantener en funcionamiento estos centros para las entidades, que viven una situación insostenible. Igualmente, es necesario que se plantee a nivel nacional un Pacto de Estado en materia de Dependencia que equilibre y garantice la sostenibilidad del sistema.
Además, CERMI Andalucía considera inaplazable realizar un estudio detallado para evaluar el coste real de estos dispositivos de atención a fin de alcanzar un precio justo del coste plaza de los conciertos de estos centros, con el objetivo de garantizar y dar estabilidad a este servicio público que prestan las entidades, así como avanzar en la mejora de la atención de estas personas.
El movimiento de la discapacidad andaluza cree que es fundamental tener esa referencia del coste real para asegurar su sostenimiento a medio y largo plazo y no depender, como hasta ahora, de mejoras puntuales no basadas en criterios presupuestarios sino en un análisis previo del coste de los servicios. Para ello se propone un nuevo modelo de financiación que contemple la actualización de su coste de forma automática y permanente conforme al IPC, además de tener en cuenta el incremento de los convenios colectivos de los profesionales que trabajan en estos centros.