El Parlamento andaluz acuerda impulsar una ley que garantice pruebas adaptadas en las ofertas de empleo público para personas con discapacidad intelectual

PLENO PARLAMENTO
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El Pleno del Parlamento andaluz aprobó el pasado miércoles 18 de septiembre la proposición de ley presentada por el grupo Por Andalucía para facilitar el acceso de personas con discapacidad a la función pública, mediante una reforma parcial de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Tras su aprobación por unanimidad, esta iniciativa debe continuar su tramitación en el Congreso, donde tres diputados andaluces específicamente designados deberán ir a defenderla.

El objetivo de la propuesta es que las pruebas de acceso para las personas con discapacidad intelectual consistan en una prueba de situación que permita valorar las habilidades y destrezas necesarias para el desempeño de las tareas propias del puesto de trabajo. De este modo se busca sustituir el examen de acceso por una especie de prueba práctica en la que se evalúen sus competencias y no unos conocimientos teóricos sobre legislación y reglamentos que les cuesta adquirir y demostrar en un examen test que no está concebido para personas que no entienden el concepto de “trampa” que entraña todo examen de este tipo, según argumentan desde Por Andalucía, el grupo impulsor de esta iniciativa.

Desde Plena Inclusión Andalucía valoramos positivamente esta medida, que da respuesta a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo a la hora de acceder a un empleo. A partir de ahora, como siempre hemos hecho, nos ponemos a disposición de los grupos políticos para cualquier tipo de consulta y asesoramiento acerca de esta modificación del marco legal vigente. Asimismo, ofrecemos nuestra colaboración a la Junta de Andalucía, y en particular a la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública, que ya trabaja en la incorporación de esta medida en los procesos selectivos que se lleven a cabo en los próximos meses.

Estaremos vigilantes para garantizar que estas pruebas de situación cumplan todas las normativas, además de la ética y la objetividad que, por supuesto, debe imperar para que la igualdad de oportunidades sea real y efectiva.

DELEGACIÓN PLENA INCLUSIÓN ANDALUCÍA PARLAMENTO
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