Plena inclusión Andalucía lanza un curso online sobre el papel del facilitador procesal

FACILITADOR PROCESAL
FACILITADOR PROCESAL

Plena inclusión Andalucía incorpora a su oferta formativa de 2026 el curso online “El papel del facilitador procesal”, una propuesta dirigida a profesionales que apoyan a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y que quieran profundizar en esta figura clave para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.

La formación se impartirá a través de la plataforma Zoom y tendrá una duración de 2 horas, celebrándose el próximo 17 de febrero. El plazo de inscripción estará abierto del 3 al 16 de febrero.

Un rol clave para una justicia accesible

El objetivo del curso es proporcionar una aproximación clara y práctica al rol del facilitador procesal: sus funciones, habilidades, cualidades y límites, así como ofrecer una visión actualizada de la situación de esta figura en Andalucía.

Durante la sesión se abordarán aspectos fundamentales como:

  • Definición, funciones y limitaciones del facilitador procesal.

  • Habilidades y cualidades necesarias para el desempeño del rol.

  • Objetivo de su intervención.

  • Personas destinatarias de su labor.

  • Quién puede solicitar su participación.

  • Principios que rigen su actuación.

  • Situación actual de la figura en Andalucía.

Las personas interesadas pueden formalizar su inscripción a través del siguiente enlace:
👉 HAZ CLIC AQUÍ. 

Docentes con experiencia especializada

El curso contará con la participación de Torcuato Recover, asesor jurídico de Plena inclusión Andalucía y coordinador del programa de facilitador procesal, y Sonia Bermejo, responsable del área de Acceso a la Justicia y Reclusos de Plena inclusión Andalucía. Ambos aportarán una visión experta y práctica sobre la aplicación de esta figura en el ámbito judicial.

Un derecho que hay que conocer y activar

Plena inclusión Andalucía hace un llamamiento a entidades, profesionales y familias para que conozcan y difundan este nuevo derecho, y puedan activarlo cuando una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se vea implicada en un proceso judicial. Se trata de un paso decisivo hacia una justicia realmente accesible e inclusiva.

Esta acción formativa está financiada a través de la asignación tributaria del 0,7 % del IRPF y promovida por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.

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