Plena Inclusión Andalucía ha participado activamente en la jornada informativa “La figura del facilitador procesal: garantía de acceso a la justicia para personas con discapacidad”, celebrada en el Salón de Actos de la Ciudad de la Justicia de Málaga. Esta jornada, organizada por la Delegación Territorial de Justicia, Administración Local y Función Pública, reunió a profesionales del ámbito jurídico y social con el objetivo de visibilizar y consolidar el papel clave del facilitador procesal como apoyo fundamental para garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones.
La entidad ha estado representada por Torcuato Recover, abogado y asesor jurídico de Plena Inclusión Andalucía, y Sonia Bermejo, psicóloga y coordinadora nacional de la figura del facilitador en Plena Inclusión. Ambos ofrecieron intervenciones de gran relevancia, compartiendo su amplia experiencia en el ámbito jurídico y psicosocial.
Torcuato Recover abordó el marco legal de la figura del facilitador procesal, destacando su importancia para la efectiva aplicación del derecho a la tutela judicial efectiva en personas con discapacidad. Subrayó el compromiso de Plena Inclusión en la defensa de estos derechos y en el impulso de una justicia más accesible y humanizada.
Por su parte, Sonia Bermejo centró su intervención en las funciones, limitaciones y ejemplos prácticos de actuación de los facilitadores procesales. Compartió experiencias reales que evidencian el impacto positivo de esta figura en los procedimientos judiciales, y resaltó la necesidad de una detección temprana de necesidades de apoyo, así como una coordinación fluida con el personal de justicia.
La jornada se enmarca en el Plan de Humanización de la Justicia impulsado por la Junta de Andalucía, y ha contado con la participación de representantes de distintos colegios profesionales, equipos técnicos y asociaciones, con el objetivo común de avanzar hacia un sistema judicial más inclusivo.
Desde Plena Inclusión Andalucía celebramos la creciente implicación de las administraciones públicas en la implantación de medidas que garanticen los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y reafirmamos nuestro compromiso con la formación, sensibilización y colaboración institucional en esta materia.
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