Plena inclusión Andalucía saluda la aprobación de la Ley de Atención Temprana
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El Pleno del Parlamento de Andalucía aprobó ayer, tras su debate, la Ley de Atención Temprana. Una ley, en palabras de la consejera de Salud y Consumo de la Junta de Andalucía, Catalina García, «largamente reivindicada, que es fruto del consenso, del diálogo y de la escucha activa, y que sitúa a Andalucía a la vanguardia de la regulación en Atención Temprana, pues sólo otras dos comunidades autónomas cuentan con una ley en esta materia, Murcia y Canarias».
Plena inclusión Andalucía, federación que engloba a 116 entidades en favor de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, felicita a todas las organizaciones y personas que forman parte de este movimiento, «pues sin su trabajo constante y su dedicación, la aprobación de esta ley no hubiera sido posible», afirma su presidente, Antonio Fernández Brioso.
Durante la tramitación parlamentaria de la Ley, los diferentes grupos parlamentarios han presentado un total de 141 enmiendas, de las que han sido aprobadas 52 que modifican un total de 20 artículos, la exposición de motivos y añade una nueva disposición adicional. «Enmiendas que entre otros objetivos han conseguido un lenguaje más inclusivo, la incorporación de sesiones telemáticas y equipos itinerantes (que ya recogía el Decreto del Concierto Social, pero que ahora se recoge en el texto de Ley) o la atención de periodos de hospitalarios de larga estancia», ha resaltado la consejera.
La Ley de Atención Infantil Temprana de Andalucía supone dotar a la comunidad con un marco normativo de rango legal que garantice que los menores de seis años, con algún trastorno en su desarrollo o riesgo de presentarlo, tengan garantizado en condiciones de igualdad la Atención Infantil Temprana y, por supuesto, que esta prestación sea de calidad; dando, además, un papel fundamental a los familiares, que deben estar implicados en el tratamiento.
Del mismo modo, la Ley supone la ordenación de las actuaciones de Atención Temprana en Andalucía mediante el establecimiento de una red integral de responsabilidad pública y de carácter universal y gratuito. Igualmente, asegura las actuaciones en esta materia mediante la coordinación de todos los ámbitos implicados: sanitario, educativo y social.
Entre los objetivos de la norma destaca también garantizar la calidad de la prestación conforme a los criterios de efectividad, beneficio y satisfacción de las personas objeto de esta Ley, fomentando la investigación y formación continuada de profesionales.
