La Delegación territorial de la Consejería de Justicia, Administración Local y Función Pública en Huelva ha mantenido una reunión con representantes de Plena inclusión Andalucía para avanzar en la implantación y consolidación de la figura del experto facilitador procesal, un recurso clave para asegurar la accesibilidad y la igualdad de condiciones de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito judicial.
El encuentro estuvo presidido por la delegada territorial, Carmen Céspedes, y contó con la participación de letrados y letradas de la Administración de Justicia, así como de Sonia Bermejo, coordinadora del área de Acceso a la Justicia y Reclusos de Plena inclusión Andalucía; y Torcuato Recover, asesor jurídico de Plena inclusión Andalucía y coordinador de la Red estatal de Juristas de Plena inclusión. Durante la sesión se profundizó en el papel que desempeñan estos profesionales especializados, cuyo objetivo es facilitar la comprensión, la comunicación y la participación efectiva de las personas con discapacidad en todas las fases de un proceso judicial.
Uno de los momentos más significativos de la reunión fue la intervención de dos personas con discapacidad, que compartieron en primera persona su experiencia en la Administración de Justicia. Ambas destacaron la importancia de contar con apoyos adecuados para comprender los procedimientos y comunicarse con seguridad, subrayando el impacto positivo que puede tener la figura del experto facilitador.
Este proyecto piloto, puesto en marcha en abril de 2025 en las ocho provincias andaluzas, pretende consolidar este recurso esencial. La iniciativa se enmarca en el espíritu de la Ley 8/2021, que reformó la legislación civil y procesal para garantizar ajustes y apoyos personalizados, reconociendo el derecho de las personas con discapacidad a estar acompañadas por profesionales que aseguren su participación real y efectiva en los procesos judiciales.
Los expertos facilitadores realizan labores como informar a los órganos judiciales sobre las necesidades de apoyo, preparar los encuentros con la persona usuaria, acompañarla en declaraciones o vistas cuando sea necesario y actuar como puente comunicativo para eliminar barreras cognitivas y emocionales. Para su designación, los órganos judiciales deben cursar la solicitud a la Delegación territorial, que la deriva posteriormente a la entidad adjudicataria del servicio.
Con esta actuación, la Consejería de Justicia y Plena inclusión Andalucía reafirman su compromiso con una justicia verdaderamente inclusiva, donde las personas con discapacidad no solo accedan al sistema judicial, sino que puedan ejercer sus derechos con plena garantía y en igualdad de condiciones.
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