España asume desde mañana la mayor reforma legal de su historia relacionada con las personas con discapacidad
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Madrid. 2 de septiembre de 2021. La Asociación Española de Fundaciones Tutelares (AEFT) y Plena inclusión, dos organizaciones con un alto nivel de representatividad entre las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y sus familias, celebran que por fin entre en vigor de la reforma de las leyes civiles y procesales que regían la capacitación jurídica de decenas de miles de personas con discapacidad.
La modificación a fondo de las normas, aprobada el pasado mes de mayo por el Congreso de los Diputados, ofrece (en opinión de ambas organizaciones) garantías jurídicas de apoyo a la toma de decisiones de las personas con discapacidad. Así, estas podrán disponer de los apoyos necesarios para el ejercicio de su capacidad jurídica en igualdad de condiciones que el resto de la población, evitando influencias indebidas en ese proceso, tal y como avala la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con este paso se elimina una discriminación histórica del colectivo de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, con la capacidad modificada jurídicamente.
Desde las dos organizaciones se subraya la relevancia que este cambio legislativo va a representar en la vida de miles de personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, en especial en lo que atañe al Código Civil. Las aportaciones realizadas por las entidades de discapacidad, como las sugeridas desde la AEFT y Plena inclusión España, han supuesto la desaparición de la incapacitación judicial y la sustitución en la toma de decisiones, junto a la prohibición de que entidades de apoyo a personas con discapacidad actúen como juez y parte, es decir, que se les autorice a ser tutoras y a ofrecer otros servicios.
Aunque se aplaude el cambio de paradigma que aporta esta reforma legislativa, ambas organizaciones recalcan la necesidad de dotar de los mecanismos y las herramientas necesarios para garantizar este modelo de provisión de apoyos y garantía de derechos para las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo.
En este sentido, hacen hincapié en la necesidad de formar a los profesionales del poder judicial y de la abogacía en el espíritu de la reforma y la Convención. También reivindican… SIGUE LEYENDO
Fuente: Plena inclusión
