Plena inclusión Andalucía denuncia la discriminación hacia las personas con discapacidad en el proceso de contratación de 3.000 auxiliares de control de playas con motivo del Covid-19
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La reivindicación va dirigida al Defensor del Pueblo Andaluz y a las autoridades competentes de la Junta de Andalucía a través de dos cartas
Plena inclusión Andalucía, federación que agrupa a 125 asociaciones que luchan a favor de los derechos de las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, ha denunciado, a través de una carta dirigida tanto a la Junta de Andalucía como al Defensor del Pueblo Andaluz, la situación injusta y de discriminación que ha sufrido este colectivo en el proceso de selección abierto por la administración andaluza para incorporar 3.000 vigilantes o auxiliares de playa, con motivo de las medidas adoptadas en la desescalada tras el confinamiento originado por la crisis del Coronavirus.
La convocatoria se ha realizado en virtud de lo establecido en el capítulo III del decreto ley 14/2020, por el cual se justifica la adopción de medidas para garantizar el uso seguro de las playas en nuestra comunidad. Sin embargo, aunque los puestos ofertados se enmarcan dentro de la categoría de personal de servicios generales, los derechos que asisten a las personas con discapacidad intelectual e incluso las prescripciones legales que obligan a la administración pública a mantener una expresa reserva a favor de este grupo de población con mayores dificultades de acceso al empleo han sido ignorados. De esta forma, Plena inclusión Andalucía sostiene en su escrito que esto supone no solo el incumplimiento de la legalidad vigente, sino una situación de franca discriminación por razón de discapacidad prohibida por la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y por la Convención Internacional sobre esta materia.
Además, en su escrito, Plena inclusión Andalucía recuerda que la norma indicada remite a su vez a lo dispuesto en el decreto ley 3/2020, de 16 de marzo, de medidas de apoyo financiero y tributario al sector económico, de agilización de actuaciones administrativas y de medidas de emergencia social, para luchar contra los efectos de la pandemia, pero en las mismas se infringe de forma clara lo establecido en el artículo 59 del Real Decreto 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del estatuto básico del empleado público, y también en el artículo 28 de la Ley 4/2017, de 25 de septiembre, de los Derechos y la Atención de las Personas con Discapacidad en Andalucía. En concreto, en esta normativa andaluza se establece que las Administraciones Públicas de nuestra comunidad reservarán plazas en las ofertas de empleo público y en las bolsas de trabajo temporal de un cupo no inferior al 10% de las vacantes para ser cubiertas entre personas con discapacidad, reservando dentro del mismo un porcentaje específico del 2% para personas con discapacidad intelectual y un 1% para personas con enfermedad mental que acrediten un grado de discapacidad igual o superior al 33%. La aplicación de esta normativa implicaría, en esta oferta específica de auxiliares de control de playas, la reserva de al menos 300 plazas para personas con discapacidad, de las cuales 60 estarían reservadas a personas con discapacidad intelectual.
Actuación injustificada
Plena inclusión Andalucía sostiene que el hecho de la urgencia a la hora de realizar la contratación no justifica la infracción al no tener en cuenta a las personas con discapacidad, puesto que la propia norma 3/2020 ya preveía que para este proceso se dispusiera de las personas que aparecen en las bolsas de aplicación, existentes en la administración autonómica. Del mismo modo, tampoco existe justificación alguna que pueda exonerar del cumplimiento de las disposiciones mencionadas y del respeto de los derechos de las personas con discapacidad, dada la escala a la que se refiere la contratación y las funciones que se requieren de los contratados.
Por todo lo expuesto, Plena inclusión Andalucía pide en su carta, tanto al Defensor de Pueblo como a las autoridades competentes de la Junta de Andalucía, que actúen a la mayor brevedad y con la mayor urgencia posibles, ya que las contrataciones han sido iniciadas, para que los derechos de las personas con discapacidad intelectual no se vean vulnerados por la propia administración.
