Plena inclusión Andalucía reclama una desescalada acorde a la naturaleza de los centros de atención para personas con discapacidad intelectual

Este contenido NO está adaptado a Lectura Fácil

La federación andaluza recoge sus reivindicaciones en una carta dirigida al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre

Plena inclusión Andalucía, federación andaluza que agrupa a 125 entidades que defienden los derechos de las personas con discapacidad intelectual, ha emitido una carta al consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, para reclamar una adecuación de lo previsto en la orden de 19 de junio de 2020 a la naturaleza de las actividades de los centros ocupacionales y los centros de día que atienden a personas con discapacidad intelectual o del desarrollo, y que han reanudado su labor hoy mismo, 1 de julio, tras permanecer cerrados desde la declaración del Estado de Alarma.

La orden mencionada determina el estricto cumplimiento de medidas que garanticen la distancia social y el uso de mascarillas en estos centros, y que son difíciles de adoptar dada la naturaleza de la prestación de apoyos a las personas con discapacidad intelectual. Los servicios y apoyos que estos centros ofrecen a este colectivo no pueden ser tratados en ningún caso desde la perspectiva de la atención sanitaria, sino como un modelo de intervención social, ciudadana y de calidad de vida.

Por tanto, Plena inclusión Andalucía insiste en su escrito en que es preciso aclarar que no son servicios sanitarios, y que los usuarios no pueden ser considerados población de riesgo, ya que no presentan más problemas de salud que el resto de la ciudadanía, sino que lo hacen en la misma proporción que ella. También se especifica en la carta dirigida a Aguirre que, tal y como la propia legislación admite y regula, en estos centros se comparten instalaciones y se fomentan las relaciones interpersonales como una vía más hacia una mayor autonomía e inclusión social posibles.

En otras palabras, las disposiciones no contemplan la realidad de estos centros y de sus usuarios, muchos de los cuales no admitirán el uso de mascarillas, tanto en el transporte, como se exige, como en las instalaciones del centro, lo que tampoco podrá solucionarse a través de la imposición, puesto que son personas que precisan de apoyos intensos y permanentes y, en algunos casos, presentan también trastornos de conducta que dificultan aún más el seguimiento de estas medidas. Otra realidad no contemplada tiene que ver con el cumplimiento de la distancia de seguridad, poco viable en los apoyos necesarios que se prestan a las personas usuarias de estos centros.

De esta forma, Plena inclusión Andalucía traslada en su escrito al consejero la necesidad de que se tengan muy en cuenta las siguientes circunstancias y demandas:

El hecho de que muchas instalaciones son compartidas por los centros ocupacionales, de día y los residenciales, por lo que es prácticamente imposible garantizar que no exista contacto físico entre los usuarios de los centros y las residencias.
La imposibilidad por parte de las entidades sin ánimo de lucro de correr con los gastos de inversión que requieren las medidas exigidas. Esto es, equipos de protección individuales y de limpieza e higienización de instalaciones.
La provisión de material preventivo por parte de la Administración ha sido escasa e insuficiente, por lo que las entidades han tenido que adquirir estos medios de prevención por su propia cuenta, sin que aún se haya establecido cómo se compensará el coste que ha supuesto.
La necesidad de que se hagan test a todos los usuarios y profesionales por parte de la sanidad pública y de manera periódica, así como el establecimiento de un canal ágil y eficaz de contacto inmediato con los sistemas sanitarios que resuelva cualquier duda, incidencia o riesgo.
Dada la imposibilidad de establecer medidas que garanticen la ausencia de riesgos, muchas familias retrasarán la incorporación de sus familiares a estos centros, por lo que Plena inclusión Andalucía reclama el establecimiento de una nueva regulación que contemple estas decisiones sin que ello conlleve a la pérdida de la plaza o cualquier otro tipo de penalización.
Las entidades titulares de los servicios no tendrán responsabilidad alguna en caso de posibles contagios por Coronavirus, ya que pedimos la adopción de una postura que comprenda que el riesgo cero de contagio en estos centros es inviable dadas las circunstancias y características explicadas.