Desde el pasado 1 de abril Plena inclusión Andalucía ya puede oficialmente prestar el servicio de Facilitador Procesal en seis provincias andaluzas (Huelva, Cádiz, Córdoba, Málaga, Jaén y Granada), en el marco de un proyecto piloto impulsado por la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.
Este avance responde a una histórica reivindicación del movimiento asociativo en defensa de los derechos de las personas con discapacidad intelectual y del desarrollo, que exigía la implantación efectiva de la figura del Facilitador, recogida en la Ley 8/2021 y otras normas procesales. Esta figura permite que un profesional experto realice tareas de adaptación y ajuste de comunicación para que la persona con discapacidad pueda participar plenamente en procedimientos judiciales como denunciante, víctima, testigo o parte implicada.
La Junta de Andalucía ha adjudicado contratos menores en cada provincia andaluza para probar este nuevo servicio, con el objetivo de elaborar un Decreto autonómico que lo regule de forma estable. Además de las seis provincias que contarán con servicio de Plena Inclusión Andalucía, en Sevilla el contrato ha sido asignado al Colegio de Trabajo Social, y en Almería, a la Federación Almeriense de Asociaciones de Personas con Discapacidad (FAAM).
Durante este periodo de prueba, que se extenderá hasta abril de 2026, serán los jueces, fiscales, abogados o letrados de la Administración de Justicia quienes podrán solicitar la intervención de un Facilitador a través de las Delegaciones Territoriales de Justicia. Plena inclusión Andalucía designará entonces a un profesional cualificado para realizar el estudio y las adaptaciones necesarias. En este sentido, la federación ha trabajado junto a la UNED para asegurar la formación académica de estos nuevos especialistas mediante programas universitarios específicos.
Plena inclusión Andalucía hace un llamamiento a las entidades, profesionales y familias para que conozcan y difundan este nuevo derecho, y puedan activarlo cuando una persona con discapacidad intelectual o del desarrollo se vea implicada en un proceso judicial. Se trata de un paso decisivo hacia una justicia realmente accesible e inclusiva.
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